En abril de 2026 el gobierno federal anunció el Servicio Universal de Salud (SUS) y echó a andar la credencialización de adultos mayores. A la par, en el Centro Médico Siglo XXI del IMSS, los endocrinólogos continuaban prescribiendo semaglutida (que se ha comercializado bajo nombres como Ozempic o Wegovy) a pacientes de alto riesgo cardiovascular, como lo han hecho desde hace años. La pregunta inevitable es: ¿Qué ocurrirá cuando un paciente con el mismo perfil clínico en una unidad rural de Campeche o Chiapas exija el mismo tratamiento bajo el nuevo marco de universalidad? La respuesta dirá mucho sobre si el SUS puede cumplir su promesa o si va a reproducir viejas desigualdades a las que le dará un nuevo nombre.
Durante décadas, hablar de obesidad fue sinónimo de hablar de voluntad. El mensaje dominante era sencillo e injusto: si una persona no baja de peso es porque “no se cuida”. La culpa recaía en la persona, nunca sobre la complejidad del problema. Además, había pocos tratamientos disponibles: cambios de estilo de vida con resultados modestos, medicamentos como el Orlistat (de eficacia moderada) y, para ciertos casos, cirugía bariátrica, capaz de lograr pérdidas de 25 al 30 % del peso, pero invasiva y poco accesible para la mayoría.
La obesidad crece en un mundo de alimentos ultraprocesados baratos, publicidad constante, sedentarismo estructural, estrés, poco sueño y desigualdad. Es el resultado de una interacción compleja entre cuerpo y ambiente, no una suma de decisiones individuales. Aquí es donde la farmacoterapia moderna se vuelve relevante, no como sustituto de la prevención ni como “atajo”, sino como una herramienta adicional para tratar una condición crónica de manera más parecida a como tratamos la hipertensión o la diabetes.
En enero de 2025, una comisión de 58 expertos internacionales convocada por The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, propuso un marco conceptual que distingue entre “obesidad clínica” (un estado de enfermedad crónica donde el exceso de grasa corporal ya causa disfunción orgánica) y “obesidad preclínica” (exceso de adiposidad sin complicaciones presentes pero con riesgo elevado a futuro). Esta distinción redefine quién requiere tratamiento médico inmediato y quién se beneficia más de estrategias preventivas, y está muy lejos de ser un simple cambio semántico.
La obesidad clínica se diagnostica cuando hay alteraciones en la función de órganos o limitaciones en actividades cotidianas causadas por el exceso de grasa. Dentro de los criterios de inclusión están la dificultad para respirar, la insuficiencia cardiaca relacionada con obesidad, la apnea del sueño, el dolor en articulaciones, o las complicaciones, como la diabetes tipo dos o la hipertensión mal controlada. No se trata sólo de usar el Índice de Masa Corporal (IMC) como único criterio, sino de evaluar el impacto real de la obesidad sobre la salud.
En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2023-2024 reportó 37.1 % de prevalencia de obesidad en adultos. Esto representa aproximadamente 30 millones de personas mayores de 20 años. Sin embargo, no todas estas personas tienen obesidad clínica, que requiera farmacoterapia urgente. Si priorizáramos únicamente a quienes tienen obesidad más un diagnóstico que eleve su riesgo cardiovascular (diabetes, hipertensión, enfermedad renal), estaríamos hablando de alrededor de 275 000 adultos con indicación clínica clara para tratamiento farmacológico.
Los nuevos medicamentos para la obesidad cambiaron el panorama. Imitan señales hormonales del intestino, en especial el péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) y el péptido inhibidor gástrico (GIP), que inicialmente se usaron en la diabetes. Hoy para control de peso se habla sobre todo de la liraglutida, la semaglutida y la tirzepatida, que se aplican por vía subcutánea.
Los resultados explican el entusiasmo. La administración de semaglutida se asoció con pérdidas promedio cercanas al 15 % del peso corporal, mientras que el uso de la tirzepatida ha mostrado pérdidas de alrededor de 20 % en muchos pacientes.
Pero hay que matizar las expectativas. Estos medicamentos no “curan” la obesidad, sino que ayudan a controlarla mientras se usan. Al suspenderlos, el apetito puede regresar y parte del peso puede recuperarse porque reaparecen los impulsos biológicos que el fármaco estaba modulando. Por eso, la conversación está transitando hacia el mantenimiento de largo plazo. En la práctica, se revisa la respuesta y la tolerancia entre los tres y seis meses. Si hay un beneficio claro y los efectos adversos son manejables, se continúa con el tratamiento; si no, se replantea.
Esta lógica de la biología del tratamiento crónico choca con la estructura del sistema mexicano de salud, donde ni el sector público puede garantizar continuidad presupuestaria ni la mayoría de los pacientes puede sostener indefinidamente el gasto de bolsillo que requiere. Aquí radica la primera tensión. La medicina dice “tratamiento sostenido”, pero los sistemas de financiamiento responden, “¿Hasta cuándo?”.
En términos de seguridad, lo más común son los efectos gastrointestinales al inicio, como las náuseas, el estreñimiento o la diarrea. Suelen mejorar con el ajuste de las dosis y con cambios simples en la alimentación. No se recomiendan en el embarazo o la lactancia, por lo que requieren supervisión. En 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) las recomendó de forma condicional dentro de un abordaje integral, con vigilancia y foco en la equidad.
El precio es el gran cuello de botella. Tratar a los 30 millones de personas con obesidad en México costaría entre 600 000 y 700 000 millones de pesos para un tratamiento de seis meses con semaglutida. Incluso si priorizáramos únicamente a las 275 mil personas con obesidad clínica y riesgo cardiovascular elevado, el costo oscilaría entre 5.8 y 6.6 mil millones de pesos anuales.[1]
Para poner esto en perspectiva, el gasto público total en salud ejercido en 2025 fue de 954 000 millones de pesos. De este monto, alrededor de 152 000 millones de pesos se destinaron a medicamentos, material médico y de laboratorio. Tratar a la población prioritaria representaría entre 3.8 y 4.3 % del presupuesto total para medicamentos, una cifra factible en teoría, pero compleja en un sistema donde la población sin afiliación a servicios de salud se duplicó de 22.2 millones en 2018 a 47.7 millones en 2024, y donde el gasto de bolsillo aumentó un 40 % en el mismo periodo.
Un tratamiento universal para todas las personas con obesidad es, en este escenario de recursos limitados y fragmentación institucional, una utopía. Pero incluso el escenario priorizado enfrenta obstáculos. México destina 2.6 % del PIB a gasto público en salud, menos de la mitad del 6 % recomendado por la OMS. Considerar el financiamiento de la farmacoterapia para la obesidad implica discutir prioridades, pues esa cifra compite con la vacunación, los tratamientos oncológicos, la hemodiálisis, la salud materna, entre otros.
Por ahora, estos fármacos han permanecido en el ámbito privado, fuera del cuadro básico y sin cobertura amplia en el IMSS o ISSSTE. Pero el decreto del SUS cambia el panorama político. La credencialización, que comenzó con adultos de 85 años y mayores, promete expandirse progresivamente, creando de manera formal un derecho a “servicios integrales”. Pero ¿incluirá tratamientos que hoy cuestan miles de millones de pesos al año?
La experiencia de las unidades médicas de alta especialidad en la Ciudad de México, donde ya se prescribe la semaglutida a pacientes de alto riesgo mediante presupuestos institucionales discrecionales, anticipa el conflicto. Una vez que el SUS cree titularidad formal, la exclusión se vuelve visible y, posiblemente, litigable. Un paciente con diabetes, obesidad e hipertensión en una unidad rural de Campeche podría exigir el mismo tratamiento que recibe su contraparte en el tercer nivel de atención en la Ciudad de México.
El sistema entonces enfrentará un trilema imposible. La opción A consistiría en agregar semaglutida al cuadro básico sin restricciones. Esto es fiscalmente catastrófico y crearía un derecho que el sistema no puede cumplir. La opción B sería agregarla con criterios estrictos de priorización clínica (las 275 000 personas). Esto es fiscalmente plausible si se negocian buenos precios, pero requiere racionar explícitamente bajo un decreto que promete universalidad. Además, las brechas de capacidad entre unidades de alta especialidad y clínicas rurales anticipan un acceso desigual incluso dentro del grupo prioritario. Finalmente, la opción C implicaría mantenerla fuera del cuadro básico. Esto preserva el racionamiento informal vía el mercado, pero es incompatible con la retórica del SUS y vulnerable a amparos una vez que los pacientes sepan que otros sí la reciben.
La única salida viable requiere de honestidad política. Necesitamos una priorización transparente basada en criterios clínicos, usando el marco de la Comisión Lancet; una negociación agresiva de precios con la industria farmacéutica, y el fortalecimiento gradual de la capacidad de entrega del sistema. Esto significa admitir que la universalidad es una aspiración y que se construirá por etapas.
La farmacoterapia para la obesidad clínica requiere más que prescribir una receta. Implica el monitoreo de efectos adversos, el ajuste de las dosis, el seguimiento cardiometabólico, y el apoyo nutricional y conductual. El Instituto Nacional de Cardiología y otras unidades médicas de alta especialidad, como el Centro Médico Siglo XXI, tienen endocrinólogos, nutriólogos, infraestructura de laboratorio y capacidad de seguimiento. Pero una unidad médica rural con médicos que rotan, desabasto crónico de medicamentos básicos y sin especialistas de respaldo no puede ofrecer el mismo estándar de cuidado.
La disponibilidad de semaglutida en las unidades médicas de alta especialidad y su ausencia en el resto del país es una prueba de fuego para saber si la universalidad prometida puede entregar equidad real o si sólo rebautiza la exclusión que ya conocemos. Este medicamento debe ser una pieza útil dentro de una respuesta más amplia, no el símbolo de una nueva brecha que profundice la desigualdad que el SUS promete eliminar.
Linda Morales Juárez
Es investigadora del Departamento de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
David Contreras Loya
Es profesor-investigador del Instituto para Investigación sobre Obesidad y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
[1] La patente principal de la molécula de semaglutida y la del dispositivo de administración (pluma) expiran en 2026 en varios mercados; no así las patentes de formulación y otras secundarias, que extienden la exclusividad varios años más. Una reducción notable de precios modificaría los términos de esta discusión, pero no se anticipa de forma inmediata tras la expiración porque la entrada de versiones genéricas al mercado mexicano depende de los tiempos de aprobación de COFEPRIS y suele ocurrir con rezago respecto a otros mercados (véase IQVIA Institute, Assessing the Biosimilar Void in the U.S.).