En los sistemas de salud, no todas las muertes cuentan la misma historia. Algunas responden a procesos biológicos inevitables; otras, en cambio, son el resultado de fallas en la organización y la provisión de servicios de salud: barreras de acceso, diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados o, falta de atención efectiva y oportuna. A estas últimas se les conoce como muertes evitables. En México, estas muertes no sólo son numerosas y han aumentado en años recientes, sino que también se concentran de manera sistemática en los grupos más vulnerables. El concepto es, en apariencia, sencillo, pero su potencia analítica es enorme, ya que permite evaluar el desempeño de los sistemas de salud no a partir de insumos o coberturas declaradas, sino a través de un resultado contundente.
La idea de mortalidad evitable parte de una premisa básica: en presencia de intervenciones efectivas —ya sea de salud pública o de atención médica— ciertas muertes no deberían ocurrir. En la práctica, esto se traduce en dos grandes categorías. Por un lado, las muertes prevenibles, que pueden evitarse mediante políticas poblacionales, como la vacunación, la regulación de factores de riesgo o la prevención de accidentes. Por otro lado, las muertes tratables, que dependen de la capacidad del sistema de salud para diagnosticar y tratar oportuna y efectivamente condiciones como la diabetes, la hipertensión o ciertos tipos de cáncer. La distinción no es trivial: apunta a distintos niveles de responsabilidad institucional y, por lo tanto, a distintos tipos de fallas.
Medir la mortalidad evitable implica identificar causas específicas de muerte —siguiendo clasificaciones estandarizadas— y calcular las tasas, generalmente en población de menos de 75 años. Más allá de la técnica, lo relevante es lo que el indicador condensa: acceso, calidad, oportunidad y, especialmente, equidad. En este sentido, las muertes evitables no son sólo un indicador sanitario, sino también un termómetro del funcionamiento general del sistema de salud.
Visto en perspectiva comparada, la mortalidad evitable también permite ubicar a los países dentro de un mapa más amplio de desempeño. En los países de la OCDE, este indicador se utiliza como un punto de partida para evaluar la efectividad de los sistemas de salud y de las políticas de prevención. En promedio, en 2023, se registraron alrededor de 222 muertes evitables por cada 100 000 habitantes menores de 75 años, lo que equivale a más de tres millones de muertes prematuras que podrían haberse evitado mediante intervenciones oportunas de salud pública o atención médica. De estas, cerca de dos terceras partes corresponden a causas prevenibles (145 por cada 100 000) y una tercera parte a causas tratables (77 por cada 100 000). Pero detrás de estos promedios hay una variación considerable entre países. Mientras que algunas naciones —como Japón, Suecia o Suiza— registran tasas por debajo de 140 muertes por 100 000 habitantes, otras —entre ellas México— superan las 400. Esta posición refleja no sólo rezagos en el desempeño del sistema de salud, sino también desigualdades persistentes en la capacidad de prevenir y tratar enfermedades.
México no es un caso atípico, pero sí uno particularmente desigual. A pesar de décadas de reformas orientadas a ampliar la cobertura, los niveles de mortalidad evitable se han mantenido altos y, en años recientes, han aumentado. Sin embargo, el rasgo más preocupante no es sólo su nivel, sino su distribución: las muertes evitables no afectan a todos por igual. Un análisis reciente, basado en datos estatales entre 2000 y 2023, permite ver con mayor claridad la magnitud de estas brechas y cómo se han ampliado en el tiempo.
Este patrón no es homogéneo. México no tiene un sistema de salud único, sino uno fragmentado y segmentado en múltiples subsistemas, organizados sobre todo en torno al empleo formal. Quienes cuentan con seguridad social acceden a un conjunto de servicios distinto —y generalmente mejor financiado— que quienes no la tienen. Esta fragmentación y segmentación, que durante años se ha discutido en términos administrativos o de eficiencia, tiene consecuencias mucho más concretas. Se traduce en diferencias sustantivas en recursos, acceso efectivo a servicios y, en última instancia, resultados en salud.
Los datos reflejan esto con enorme claridad. Según estimaciones propias, desarrolladas como parte de un estudio en curso en el Instituto Nacional de Salud Pública sobre fragmentación y desempeño del sistema de salud en México, la mortalidad evitable se ha mantenido en niveles altos a lo largo de las últimas dos décadas, con incrementos marcados recientes. A nivel agregado, la tasa pasó de alrededor de 180 muertes por cada 100 000 habitantes en la década de los 2000 a más de 215 en los años previos a la pandemia, con un aumento abrupto durante 2020 y 2021 que superó las 330 muertes por 100 000 habitantes. Sin embargo, estos promedios ocultan una dinámica preocupante: las muertes evitables han crecido más —y más rápido— en la población sin seguridad social.
Entre 2000 y 2019, la población con seguridad social logró reducir la mortalidad evitable —10 muertes menos por cada 100 000 habitantes—, mientras que la población sin seguridad social tuvo una trayectoria opuesta, con incrementos promedio superiores a 60 muertes por cada 100 000 habitantes. Estas divergencias no ocurren en el vacío: están acompañadas de diferencias igualmente marcadas en el gasto público per cápita. En términos simples, los grupos con menos recursos reciben menos financiamiento público para la salud —con caídas acumuladas sustantivas en la última década— y enfrentan mayores riesgos de morir por causas evitables.
La pandemia de covid hizo visibles —y más profundas— estas brechas. Entre 2020 y 2021, la mortalidad evitable se disparó en todo el país, tanto por causas atribuibles al virus como por otras condiciones que dejaron de atenderse oportunamente. Pero el impacto no fue uniforme. Las poblaciones más vulnerables, sobre todo aquellas fuera de la seguridad social, experimentaron incrementos mayores. Lejos de ser un golpe, la pandemia actuó como un amplificador de desigualdades preexistentes, y reveló con claridad las diferencias en capacidad de respuesta entre subsistemas.
Todo esto sugiere que el problema no radica sólo en la extensión de la cobertura, sino en la forma en que el sistema distribuye la protección. Las diferencias observadas en mortalidad evitable apuntan a fallas más profundas en la provisión efectiva de servicios, pero también a un problema más estructural: quién recibe qué tipo de atención, con qué recursos y bajo qué condiciones.
También pone en el centro el papel del financiamiento. México sigue siendo uno de los países de la OCDE con menor gasto público en salud como proporción del PIB (2.8 %). Pero no sólo se trata de cuánto se gasta, sino de cómo se distribuye. La coexistencia de subsistemas con niveles de financiamiento tan dispares limita la capacidad del sistema para ofrecer un estándar mínimo homogéneo de atención. En ese contexto, la fragmentación deja de ser un problema técnico y se convierte en una barrera estructural para la equidad.
La mortalidad evitable no es un indicador perfecto. Pero su valor radica en su crudeza: muestra, de manera agregada, dónde el sistema está fallando en su función más básica. En México, el mensaje es claro: enfrentamos un problema que persiste —y en años recientes ha aumentado— de muertes que no deberían ocurrir, y este problema se distribuye de manera profundamente desigual.
Al final, la discusión sobre mortalidad evitable es también una discusión sobre responsabilidad: sobre qué muertes estamos dispuestos a aceptar como inevitables y cuáles reconocemos como el resultado de fallas que podrían corregirse. En un sistema de salud, esa distinción no es sólo técnica, es también profundamente política.
Nota: Este artículo expresa los puntos de vista del autor y no refleja la posición de la institución en la que trabaja.
Diego Cerecero-García
Estudiante de doctorado en Salud Pública en el Imperial College London e investigador en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública