Cuando un estadunidense prepara una ensalada, es probable que más de la mitad de los ingredientes frescos que coloca en su plato hayan cruzado la frontera desde México pocas horas antes. Cuando una familia mexicana compra tortillas para la cena, el maíz con el que fueron hechas realizó el viaje inverso. Esta realidad cotidiana, invisible hasta que falla, está en el centro de una negociación que definirá qué comemos, cuánto pagamos por ello y, en última instancia, qué tan saludables podemos aspirar a ser.
México, Estados Unidos y Canadá están revisando el T-MEC, incluyendo el Capítulo 3 sobre acceso a mercados agrícolas. Lo que a primera vista parece un ejercicio técnico de comercio internacional es, en realidad, una decisión con repercusiones implícitas e importantes para la salud pública de Norteamérica.
Las cadenas agroalimentarias de la región no constituyen tres economías separadas: forman un ecosistema único con fronteras meramente administrativas. Más del 60 % de las verduras y casi la mitad de las frutas consumidas en hogares estadunidenses provienen de México. En contraste, más del 45 % del maíz amarillo que alimenta la ganadería mexicana se importa desde Estados Unidos. Esta integración ha suscitado eficiencias notables, pero también creó una vulnerabilidad cruzada: cualquier disputa comercial repercute casi al instante en los precios y la capacidad de las familias para acceder a dietas nutritivas.
El reto en 2026 consiste en reconocer que la estabilidad del comercio agroalimentario no es sólo un asunto económico, es también producto de una política de salud pública regional. Un debate reciente ilustra la tensión de fondo. En 2024 un panel falló contra las restricciones mexicanas al maíz genéticamente modificado, argumentando que la medida carecía de la «base científica» exigida por el Tratado. Desde la lógica comercial el fallo es coherente: los tratados internacionales (por medio de sus normas sobre barreras técnicas al comercio y medidas sanitarias) exigen evidencia causal concluyente antes de permitir restricciones. Pero desde la perspectiva de la salud pública el resultado plantea una pregunta incómoda: ¿podemos actuar de manera preventiva ante riesgos potenciales o debemos esperar a que el daño esté documentado?
Esta tensión entre lo que la ciencia puede demostrar hoy y el actuar con cautela ante la incertidumbre define el espacio de maniobra del Estado mexicano. Mientras que el principio precautorio ⎯que señala que un país puede tomar medidas protectoras ante riesgos graves para la salud humana o el Medio Ambiente, incluso cuando la evidencia científica no es rotunda⎯ está consagrado en la Constitución y en múltiples tratados ambientales internacionales, no encuentra protección explícita dentro del T-MEC. El resultado es una asimetría regulatoria: México puede ver cuestionadas sus políticas de inocuidad, etiquetado o bioseguridad como «incompatibles» con el Tratado, incluso cuando responden a preocupaciones legítimas de salud.
No se trata de oponer comercio a la salud. Se trata de redefinir qué tipo de evidencia legitima una política sanitaria dentro de un marco comercial. Tres temas concretos ilustran lo que está en juego.
El primero es el maíz. Las simulaciones realizadas en 2023 indicaban que una prohibición total del maíz transgénico habría incrementado el precio de la tortilla en un 16 % y duplicado el número de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada. No obstante, el uso intensivo de agroquímicos y semillas patentadas compromete la biodiversidad de los maíces nativos.
El segundo tema tiene que ver con las frutas y verduras. Productores del sureste de Estados Unidos presionan por cláusulas de «remedios estacionales» que limitarían las importaciones de fresas, tomates, pimientos y arándanos mexicanos durante ciertas épocas del año. Si estas medidas prosperan, encarecerían el acceso de los hogares estadunidenses a productos frescos en invierno, cuando los indicadores de consumo saludable son más bajos. En México, donde las exportaciones hortofrutícolas sostienen más de un millón de empleos rurales, el impacto social sería igualmente severo.
El tercer punto de fricción es el etiquetado frontal de advertencia que México implementó en 2020 para productos con exceso de azúcares, sodio o grasas saturadas. Esta política, respaldada por evidencia epidemiológica sólida, ha sido cuestionada en foros internacionales y podría volver al debate durante la revisión del tratado. La pregunta de fondo es política antes que técnica: ¿quién decide la información que merece el consumidor?
Desde los años noventa, la liberalización agrícola coincidió con un aumento sostenido de la obesidad y diabetes en México. Hoy, el 75 % de los adultos presenta exceso de peso. Entre 1989 y 2012 la participación de productos ultraprocesados de importación en el gasto alimentario familiar pasó del 2 al 8 %. El tratado ha abaratado calorías, pero no abarató nutrientes. Cada restricción o flexibilización comercial debería evaluarse no sólo por su efecto en el producto interno bruto agropecuario, sino por los riesgos que representa para una dieta saludable.
Si el problema está en cómo el Tratado entiende el riesgo, ahí mismo está la solución. La revisión de 2026 debería ampliar ese concepto que maneja el tratado. En la actualidad los negociadores consideran el riesgo comercial y el riesgo fitosanitario. Pero hay otros riesgos: el epidemiológico o el nutricional, que afectan de manera directa la vida de millones de personas y que merecen un lugar en la mesa trilateral.
La meta no es revertir la integración económica que ha beneficiado a la región durante tres décadas. Es diseñar instituciones de gobernanza que permitan tomar decisiones sanitarias legítimas sin desencadenar conflictos comerciales. Una alternativa concreta sería negociar cláusulas explícitas de excepción por salud pública, similares al Artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que otorguen margen para políticas basadas en riesgo social, no sólo en riesgo técnico.
Revisar el capítulo agropecuario del T-MEC sin considerar la salud pública sería como rediseñar un sistema alimentario contando sólo lo que se produce e ignorando lo que enferma. Lo que decidamos en los próximos meses determinará el menú de nuestras sociedades antes de que el ciudadano pueda elegir qué comer. Definir el espacio de acción de la política alimentaria mexicana no es un ejercicio de soberanía abstracta. Es una política de salud pública preventiva. Y el momento de discutirlo es ahora, antes de que las reglas queden escritas por otra generación.
David Contreras Loya
Profesor-Investigador del Instituto para Investigación sobre Obesidad y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey