A poco más de un año del inicio del nuevo gobierno de la 4T, es posible hacer un primer balance en materia de salud. Las noticias no son alentadoras. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido continuar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, el cual ha llevado a un colapso de la cobertura de atención, un deterioro de las condiciones de salud y un aumento de los gastos excesivos por motivos de salud. Además, lo hace en un escenario de recursos no sólo escasos, sino decrecientes.
La única novedad es que este gobierno quiere avanzar en integrar y universalizar el sistema. Sin embargo, sus medidas carecen de los sustentos jurídicos, presupuestales y operativos necesarios, así como de una visión que aporte orden a este complicado proceso. Todo indica que es imperativo un cambio de rumbo que incluya un aumento en la inversión pública en salud y el fortalecimiento y reorientación del IMSS Bienestar.
La salud y el sistema de salud
El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un panorama similar al que encaró López Obrador en 2018: una transición epidemiológica caracterizada por una baja mortalidad en menores de cinco años y una alta y creciente prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Las principales causas de muerte continúan siendo las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus y el cáncer. Los accidentes y lesiones intencionales también ocupan un lugar destacado entre las principales causas de muerte, con una de las mortalidades más altas de América Latina. Mención especial merecen las enfermedades musculoesqueléticas (dolor lumbar, dolor de cuello, osteoartritis, artritis reumatoide) y los padecimientos mentales (ansiedad, depresión, trastorno bipolar, autismo, esquizofrenia), que generan una enorme discapacidad.
Los riesgos más prevalentes, relacionados con las principales causas de muerte, son los riesgos conductuales (tabaquismo, alcoholismo, la falta de actividad física, el bajo consumo de alimentos saludables), algunos riesgos ambientales (contaminación atmosférica, cambio climático) y los riesgos metabólicos (sobrepeso y obesidad, hipertensión, hiperglicemia e hipercolesterolemia). México presenta una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en adultos de 75 %, una de las más altas del mundo.
En cuanto al sistema de salud, lo primero a destacar es la subinversión pública en salud, que se agravó en esta administración. El gasto público en este sector representa menos del 3 % del PIB, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 6 %. Comparado con nuestros pares en América Latina, el porcentaje destinado a salud es notablemente inferior. A pesar de esto, en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, el gasto público en salud cayó un 11 % en términos reales y, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el presupuesto 2026 contempla un descenso adicional del 11 %.
La subinversión pública en salud y la ineficaz implantación tanto del INSABI como del IMSS Bienestar han tenido un efecto dramático sobre la cobertura de servicios de salud. Según el informe de Inegi sobre pobreza multidimensional, el número de personas con carencia por acceso a servicios de salud aumentó de 20 millones en 2018 a 44 millones en 2024, un incremento sin precedentes en la historia de nuestro sistema de salud.
A esto se suma la mala calidad de los servicios públicos, cuya expresión más clara es la falta de medicamentos. Los problemas de calidad, junto con los problemas de cobertura de los servicios de salud materna, también han contribuido al aumento de la razón de mortalidad materna, que pasó de 48.7 muertes maternas por cien mil nacidos vivos en 2019 a 72.4 en 2022. La alta mortalidad hospitalaria por infarto agudo del miocardio ⎯que es de 22.6 decesos por 100 ingresos por esta causa, más de tres veces mayor que la mortalidad promedio de los países de la OCDE (6.5) y más de dos veces mayor que la de Chile (8.3)⎯ también es resultado de una mala calidad de los servicios públicos.
Esto ha empujado a los usuarios de los servicios de salud a recurrir a la medicina privada. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2024, casi el 50 % de los usuarios de servicios de salud ambulatorios acuden de manera regular a los servicios privados, lo que ha incrementado el gasto de bolsillo y, en consecuencia, los gastos excesivos por motivos de salud. Datos de un estudio llevado a cabo recientemente en el Instituto Nacional de Salud Pública indican que, en 2024, casi cinco millones de hogares sufrieron gastos excesivos por motivos de salud: el nivel más alto registrado en México desde el año 2000, cuando se iniciaron las mediciones sistemáticas de la protección financiera de la población.
También otros programas cruciales enfrentan serios problemas de cobertura, como el Programa de Vacunación Universal. En 2022, sólo el 42 % de los menores de un año contaban con esquema completo de vacunación. Los expertos ya anticipaban el resurgimiento de enfermedades previamente controladas, por lo que hicieron un llamado al equipo de salud de la presidenta Sheinbaum para que se reparara urgentemente este vital programa. Sin embargo, el presupuesto destinado a esta actividad se recortó de 14 473 millones de pesos constantes en 2024 a 4572 millones de pesos en 2025, una caída cercana al 70 %. Las consecuencias no se hicieron esperar: el sarampión resurgió.
Según la Secretaría de Salud, en 2025 y en lo que va de 2026, se han reportado más de 7000 casos de esta enfermedad y 24 decesos por esta causa, una situación que no se veía en nuestro país desde hace más de 30 años. Ya se han notificado casos en todas las entidades federativas y México corre el peligro de perder la certificación de país libre de sarampión otorgada por la OMS.
La cobertura de los servicios de detección temprana también ha sufrido. En 2023, el porcentaje de mujeres de 50 a 69 años que se sometieron a mamografía fue del 20 %, la cifra más baja entre los países de la OCDE, con excepción de Grecia. El porcentaje promedio en los países de esta organización es del 55 %.
La respuesta del gobierno
Las respuestas del gobierno actual a estos problemas han sido muy limitadas y no parecen seguir un guion claro. El diagnóstico tanto de las condiciones como de los servicios de salud del Programa Sectorial de Salud 2025- 2030 es muy pobre y embrollado. Dicho programa carece de una visión de largo plazo que podría darles orden y rumbo a los programas y políticas de esta administración.
Destacan dentro de las medidas adoptadas hace poco el lanzamiento del programa Salud Casa por Casa; las iniciativas para mejorar el abasto de medicamentos, incluyendo la puesta en operación de las Farmacias del Bienestar; incorporar a la población objetivo del Programa IMSS Bienestar al IMSS ordinario, y el intento de integrar todas las instituciones públicas de salud mediante la credencialización, el expediente clínico electrónico y el uso cruzado de servicios.
Al programa Salud Casa por Casa la presidenta Sheinbaum lo ha llamado “el programa de prevención más grande del mundo” y está dirigido a alrededor de 14 millones de adultos mayores y personas con discapacidad. Este programa cuenta con un presupuesto anual de cinco mil millones de pesos y lo operarán 20 000 trabajadores de la salud en las 32 entidades federativas, en su mayoría, “promotores de salud”. Estos trabajadores le darán seguimiento periódico, en casa, a esta población, monitoreando sus signos vitales, niveles de glucosa y colesterol, y sus condiciones de audición y movilidad.
Dos cosas llaman la atención de este programa: i) su ubicación en la Secretaría de Bienestar y no en el IMSS Bienestar, como uno esperaría; ii) su bajo presupuesto. Parece razonable llevar servicios preventivos y de seguimiento al hogar de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Sin embargo, esta tarea debiera ser responsabilidad del IMSS Bienestar, que es la institución pública encargada de atender a la población sin seguridad social. Sólo así puede garantizarse la continuidad en la atención, que incluye la referencia a servicios ambulatorios complejos y a servicios de especialidad.
Su presupuesto es insuficiente para garantizar una atención preventiva efectiva: 416 pesos por persona por año. Es muy poco lo que Salud Casa por Casa podrá hacer con esos recursos, sobre todo tomando en cuenta que la población de adultos mayores tiene grandes necesidades de salud. Este programa parece más bien un programa proselitista que busca promover al partido en el poder entre los adultos mayores, utilizando a los promotores de salud como una variante de los Servidores de la Nación.
A su vez, esta administración ha tratado de componer el estropicio que dejó el gobierno de López Obrador en materia de compra y distribución de medicamentos, responsabilidad que quedó en manos del Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud. Por desgracia no empezó con el pie derecho. En la primera licitación para la compra de medicamentos del sector público en la que participó, se descubrieron sobrecostos por más de 13 000 millones de pesos, lo que obligó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a cancelar esta compra en abril de 2025. Y su gestión no parece haber mejorado.
A finales de 2025 se anunció que Birmex, la oficina encargada de la compra de medicamentos, no logró adjudicar ni la mitad de claves de la licitación consolidada para 2026, lo que podría llevar a que el resto de las claves se asigne mediante adjudicaciones directas, asociadas a mayores precios de compra y actos de corrupción.
Las protestas no se han hecho esperar. El reclamo más reciente, a finales de octubre de 2025, fue el de 48 médicos del Hospital Infantil Federico Gómez que señalaron que la falta de insumos y medicamentos derivó en la cancelación de cirugías programadas, así como en retrasos de estudios diagnósticos y tratamientos indispensables.
En diciembre del año pasado, para garantizar el acceso efectivo y gratuito a medicinas, el gobierno federal echó a andar las Farmacias del Bienestar. Fue con la puesta en operación de 500 de estos módulos frente a unidades de salud del IMSS e IMSS Bienestar del Estado de México, que surtirían 22 medicamentos que beneficiarán sobre todo a adultos mayores con diabetes, hipertensión y dislipidemia. Estas “farmacias” recibieron críticas durísimas por lo pobre de su oferta y porque las verdaderas farmacias, según la Ley General de Salud, requieren licencia, infraestructura adecuada, responsable sanitario, sistema de control de insumos y apego a las Normas Oficiales Mexicanas, requisitos que estas unidades no cumplen. El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba las calificó de módulos promocionales “ideales para la foto, pero huérfanas de sustento regulatorio”.
En materia de integración del sistema de salud público, destacan la incorporación formal del Programa IMSS Bienestar al régimen ordinario del IMSS mediante un decreto presidencial que se firmó en julio de 2025 y el anuncio del inicio de la integración del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Pemex, Sedena y Semar en 2026. La idea era un registro universal y una credencial única que permitiría a cualquier ciudadano atenderse en estas instituciones sin importar su afiliación de base. Ambas medidas presentan serios problemas.
La primera medida supone la incorporación de 2100 unidades médicas rurales y 81 hospitales comunitarios de 19 entidades federativas al IMSS ordinario y la atención, por parte de esta institución, de alrededor de once millones de personas sin seguridad social habitantes de zonas rurales marginadas. Esta medida se tomó porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 no se le asignaron recursos financieros al Programa IMSS Bienestar. Para solucionar el problema, el Consejo Técnico del IMSS autorizó el uso de sus reservas ⎯alrededor de 21 mil millones de pesos⎯ para mantener la operación del programa y pagar los salarios de sus trabajadores durante el 2025. El pago de los servicios brindados correrá a cargo del organismo público descentralizado IMSS Bienestar o el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero ¡sujeto a la disponibilidad de recursos!
El decreto firmado por la presidenta Sheinbaum, señala Juan Manuel Lira, presenta un problema de origen: “Le impone al IMSS la atención de una población no asegurada (cuando ya existe un organismo creado para ello), sin que esta obligación derive de cuotas de aportaciones específicas, como exige la Ley del Seguro Social”.
Además, le generará una carga financiera y operativa enorme al IMSS, que está ahora obligado a garantizar a once millones de personas más todas las prestaciones del Seguro de Enfermedad y Maternidad. Esto representa, según Lira, un gasto adicional de entre 88 y 121 000 millones de pesos. Las otras medidas –credencializar, digitalizar y la utilización cruzada de servicios entre instituciones públicas⎯ también presentan serios inconvenientes.
La credencialización es el primer paso para homologar los servicios del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Pemex, Sedena y Semar, y como vía de acceso al expediente clínico electrónico desde cualquier unidad de salud. Sin embargo, está el riesgo de que esta credencial sólo sirva para contar afiliados de las instituciones públicas, en lugar de garantizar acceso a los servicios requeridos en las unidades más convenientes para los ciudadanos. En dos años es posible que haya cien millones de mexicanos con credencial de salud, pero esto no implica que se haya reducido la carencia por acceso a servicios de salud.
La digitalización es indispensable –pero no suficiente– para unificar el sistema de salud, y enfrenta importantes retos. En primer lugar, el reto técnico de echarla a andar. El expediente clínico electrónico universal ha estado en la agenda de todos los gobiernos del país desde el año 2000, pero sigue sin concretarse. En segundo lugar, la digitalización puede modernizar el registro, pero no hacer más efectivo el cuidado, garantizando, entre otras cosas, la continuidad y efectividad del servicio.
La utilización cruzada de servicios es lo más problemático. En diciembre de 2025, la presidenta Sheinbaum anunció la puesta en marcha de una “cámara de compensación” como camino para crear un Servicio Universal de Salud (SUS) –término y acrónimos tomados, por cierto, de las propuestas de salud de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez. Esta cámara permitiría, por ejemplo, que un beneficiario del IMSS Bienestar reciba servicios en una clínica u hospital del IMSS ordinario bajo un esquema de mercado interno, donde las instituciones involucradas se cobran entre sí los servicios prestados. La conclusión de Juan Manuel Lira es contundente: “Implementar una cámara de compensación en el contexto actual de restricción presupuestal y asimetría institucional no universaliza el sistema; acelera la descapitalización del IMSS y anticipa su insolvencia actuarial”.
La razón es muy simple, continúa Lira: “Si el ‘comprador’ (IMSS Bienestar) opera con el presupuesto per cápita más bajo [del sistema de salud público], carece de capacidad financiera para liquidar facturas a costo real emitidas por el ‘proveedor’ (IMSS ordinario), cuyos costos son mayores”. En la práctica, esto obligaría al IMSS a absorber parte de estos costos, subsidiando con cuotas obrero-patronales una obligación fiscal del Estado.
La conclusión es que la integración no puede alcanzarse por decreto. Requiere de reformas legales (e.g., eliminar la contradicción entre los artículos 4° y 123 constitucionales en materia de salud) y financieras (e.g., ampliar el gasto público en salud) que todavía no se echan a andar, y de instrumentos gerenciales (e.g., tarjeta universal de salud y tabulador unificado de intervenciones) que todavía no existen. Necesita un proceso de homologación de nuestras instituciones de salud. Uno de los objetivos, por cierto, de la reforma del 2003 que dio origen al Seguro Popular. El primer paso en ese sentido es incrementar la inversión pública en salud para fortalecer presupuestalmente al IMSS-Bienestar.
Las alternativas
Para tratar de manera efectiva los retos que hoy enfrenta el sistema de salud de México, es necesario un golpe de timón que lo fortalezca y reoriente. En ausencia de un proyecto consensuado para una reforma integral, el equipo del segundo piso de la 4T podría diseñar una estrategia compuesta por tres componentes que atiendan: i) los problemas críticos relacionados con el abasto de medicamentos, las bajas tasas de vacunación y la pobre cobertura y mala calidad de los servicios de salud materna; ii) los riesgos emergentes, en particular el sobrepeso y obesidad; iii) los problemas de cobertura de atención.
El primer componente de la estrategia requiere: i) establecer un sólido sistema de compra y distribución de medicamentos que deje el reparto de estos insumos en manos del sector privado –que cuenta con amplia experiencia en este ámbito, infraestructura de punta y más de 100 empresas distribuidoras con alcance nacional– e incluya un mecanismo de monitoreo y evaluación transparente; ii) fortalecer el Programa de Vacunación Universal para alcanzar de nuevo los niveles de cobertura previos a la pandemia de covid; iii) implementar un programa de emergencia para revertir el aumento de las muertes maternas.
El segundo componente exige diseñar una ambiciosa estrategia de combate al que posiblemente sea el principal riesgo para la salud: el sobrepeso y la obesidad. Esta estrategia debe adoptar una perspectiva intersectorial e incluir iniciativas que promuevan la actividad física y la alimentación saludable, regulen la publicidad y venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarra, así como medidas de política fiscal muy agresivas. Además, este programa debe contar también con un sistema de monitoreo y evaluación riguroso y transparente.
Por último, el tercer componente requiere un ajuste significativo del IMSS Bienestar que implica: i) definir explícitamente los servicios que recibirán sus beneficiarios, ampliando su acceso a servicios de especialidad y alta especialidad; ii) definir el mecanismo de financiamiento de esta institución y la manera en que sus recursos se distribuirán entre estados y por tipo de atención; iii) consolidar la transferencia de responsabilidades de los Servicios Estatales de Salud a este organismo público descentralizado.
Es fundamental no descuidar el área de vigilancia epidemiológica, que deberá fortalecerse aprovechando las lecciones aprendidas durante la pandemia de covid. Es indudable que vendrán nuevas epidemias y pandemias, México debe estar preparado para enfrentarlas.
Todo esto requiere un aumento en la inversión pública en salud, con el objetivo de alcanzar el 4 % del PIB en los próximos cinco años y el 6 % para 2040. No sólo se necesitan recursos financieros para ampliar la cobertura, pero sin esos fondos, no habrá posibilidad de mejora. En una primera etapa, se podría incrementar el presupuesto público destinado a la salud para impulsar el reordenamiento y fortalecimiento del IMSS Bienestar, con miras a homologarlo en términos de recursos y beneficios con el IMSS ordinario. Este sería el punto de partida para establecer un sistema de salud que garantice el acceso a servicios básicos de salud a todos los mexicanos en el 2030, cumpliendo así con la meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: la cobertura universal de salud.
La ampliación de la cobertura de atención no sólo mejoraría las condiciones de salud de la población mexicana, sino que también reduciría los gastos catastróficos y empobrecedores por motivos de salud, que han alcanzado niveles alarmantes. El propósito a 2040 debería ser llegar al nivel de gasto público que propone la OMS, lo que permitiría construir un sistema de salud en verdad universal, que ofrezca los mismos servicios integrales de salud con protección financiera a toda la población, sin excepción ni distinción. No podemos postergar más el logro de este importante objetivo, que hará de México un país más próspero, cohesionado y justo.
Octavio Gómez Dantés
Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública