En los primeros meses de 2026, muchas familias mexicanas se han encontrado con un incremento inesperado, brusco y difícil de explicar en el costo de sus seguros de gastos médicos mayores. En la consulta o en la casa de enlace ciudadano, es cada vez más frecuente que, antes de hablar del motivo clínico de la visita, el paciente me hable de su póliza. Me cuentan que, después de diez o quince años de pagar puntualmente su seguro, el nuevo recibo llegó con un aumento que rebasaba por mucho lo que habían imaginado. Para una familia de clase media, pasar de un año a otro, de alrededor de 30 000 pesos anuales a más de 40 000 anuales por su seguro implica ajustar todo el presupuesto: reducir gastos en educación, vivienda y alimentación, o incluso renunciar a otros servicios básicos. Para una persona adulta mayor ¾ que ve que su prima pasar de 50 000 a 87 000 pesos anuales¾ significa, en muchos casos, enfrentar una decisión dolorosa: seguir pagando y sacrificar todos los “lujos” de la vida cotidiana o cancelar la póliza y quedar desprotegida justo en la etapa de la vida en la que más puede necesitar atención médica.
El problema no es sólo financiero o contractual: es un problema de salud pública y de protección frente al riesgo de enfermar. La enfermedad no se detiene porque la economía del país esté complicada, ni espera a que el hogar recupere la estabilidad. El cáncer, el infarto, la insuficiencia renal, las complicaciones de la diabetes o los accidentes graves aparecen sin preguntar si la familia tuvo que cancelar su seguro el mes pasado. Cuando una prima se vuelve impagable, la familia no deja de enfermarse, lo que pierde es una de las principales herramientas para enfrentar con dignidad una hospitalización prolongada, una cirugía compleja o un tratamiento de alta especialidad. En el caso de las personas mayores, personas con discapacidad y quienes viven con enfermedades crónicas, la pérdida del seguro implica pasar de una atención oportuna en el sector privado, con acceso relativamente ágil a especialistas, estudios y medicamentos, a depender de un sistema público que ya opera bajo una presión enorme: urgencias saturadas, listas de espera prolongadas para cirugías y consultas de alta especialidad, así como desabasto intermitente de medicamentos clave.
En la consulta es común escuchar frases como: “Doctor, tengo miedo de que me enferme justo cuando me quede sin seguro” o “si me llega a pasar algo grave, no sé cómo lo vamos a pagar”. Esa ansiedad no es menor. El impacto emocional de saber que una sola hospitalización puede consumir los ahorros de años se traduce en estrés crónico, en conflictos familiares y, en ocasiones, en decisiones médicas tardías. Hay pacientes que posponen estudios importantes, cirugías necesarias o tratamientos de seguimiento por temor a los costos, sobre todo cuando ya no cuentan con la cobertura de su póliza o están valorando cancelarla. Así, el encarecimiento del seguro no sólo afecta la capacidad de pago, sino que también modifica la forma en que las personas se relacionan con su propia salud y con los servicios médicos.
La inflación médica en México ha crecido de manera sistemática por encima de la inflación general durante años. Esto se traduce en que cada año es más caro hospitalizar a un paciente, operar en un quirófano, realizar estudios de laboratorio o de imagen, pagar honorarios a personal altamente especializado y adquirir medicamentos de última generación. Los avances tecnológicos, que son una buena noticia para la calidad de la atención, también suelen ir acompañados de costos más elevados. En paralelo, la población mexicana está envejeciendo: hay más adultos mayores y, con ellos, una mayor prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiopatías, enfermedad renal, cáncer y trastornos neurodegenerativos. Clínicamente, esto implica más consultas, más medicamentos, más estudios de seguimiento y más intervenciones terapéuticas a lo largo del tiempo.
A estos factores propios de la medicina se han sumado cambios en el entorno fiscal y regulatorio que han encarecido el costo de operar los seguros de salud. En términos simples, decisiones tributarias recientes han convertido ciertos impuestos en un costo definitivo para las aseguradoras, en lugar de permitirles compensarlos como antes. Cuando una compañía de seguros paga cuentas hospitalarias, estudios, cirugías o tratamientos a nombre de sus asegurados, ahora enfrenta una carga fiscal mayor. En un ramo donde la mayor parte de los ingresos se destina al pago de siniestros —es decir, a cubrir esos gastos médicos— y los márgenes de utilidad son relativamente reducidos, cualquier aumento de costos tiende a reflejarse casi por completo en las primas. No hay un margen amplio de maniobra para absorber elevaciones significativas en los costos médicos o fiscales sin trasladarlas al asegurado.
El resultado clínico y social de esta combinación es preocupante. Más hogares quedan expuestos a lo que llamamos gastos catastróficos en salud: cuentas hospitalarias o de tratamiento que, por su monto, consumen una parte desproporcionada del ingreso familiar y pueden llevar a vender patrimonio, endeudarse de manera extrema o renunciar a otros gastos esenciales. México ya se encuentra entre los países en los que el gasto de bolsillo de las familias representa una proporción muy alta del gasto total en salud. Si a este escenario sumamos la salida forzada de miles de personas del seguro privado, aumentamos la probabilidad de que la enfermedad se convierta en una vía directa al empobrecimiento.
Desde la consulta también se observa otro efecto: cuando una familia pierde su seguro, el sistema público recibe una demanda que antes era atendida en hospitales privados. Esto no tiene nada de malo en sí mismo; el sector público está destinado a garantizar el derecho a la salud. El problema es que si esa migración de pacientes ocurre de manera abrupta, sin mayor capacidad instalada ni un incremento proporcional de recursos humanos, camas, quirófanos y medicamentos, se profundiza la saturación que ya enfrentan muchas instituciones. Quienes siempre han dependido del sistema público deben compartir ahora esos mismos recursos con personas que antes se atendían en el sector privado, lo que puede traducirse en esperas más largas y una mayor presión sobre todo el sistema.
Como médico, estoy convencido de que este problema no es inevitable y que sí hay caminos para aliviarlo si se actúa con visión y responsabilidad. En primer lugar, es indispensable que las familias tengan acceso a información clara, comprensible y oportuna sobre por qué sube su prima. Hoy, muchos asegurados reciben un aviso de incremento sin entender qué parte se debe a la inflación médica, qué parte a los cambios en la siniestralidad de su grupo de edad y qué parte a decisiones fiscales o de otro tipo. Esa falta de transparencia genera desconfianza, enojo y una sensación de indefensión. Explicar con honestidad los factores que intervienen en el cálculo de la prima, en un lenguaje que cualquier persona pueda entender, ayudaría a que las familias comparen opciones, evalúen coberturas y tomen decisiones más informadas. La transparencia, además de ser una obligación ética, fortalece la relación entre el paciente y el sistema asegurador.
En segundo lugar, necesitamos que los seguros premien la prevención y el buen control de las enfermedades crónicas de manera más consistente. Desde la medicina sabemos que detectar a tiempo un cáncer, mantener controlada la presión arterial o la glucosa, acompañar a un paciente en su cambio de estilo de vida o evitar la progresión de una enfermedad renal no sólo salva vidas; también reduce hospitalizaciones prolongadas, intervenciones de urgencia y complicaciones costosas. Sin embargo, muchos esquemas de aseguramiento siguen teniendo su lógica principal centrada en la atención del evento agudo en el hospital, más que en el apoyo sistemático a la prevención. Diseñar pólizas que reconozcan, por ejemplo, la adherencia a programas de control de diabetes, la participación en chequeos periódicos o la asistencia a programas de actividad física y nutrición saludable, y que traduzcan ese comportamiento en mejores condiciones de aseguramiento, sería una forma concreta de alinear los intereses del paciente, del médico y de la aseguradora.
En tercer lugar, es urgente proteger de manera especial a los grupos más vulnerables frente a los incrementos desproporcionados. En la práctica clínica veo con frecuencia cómo se entrecruzan tres factores: edad avanzada, enfermedad crónica y recursos económicos limitados. Son precisamente estos pacientes quienes suelen recibir los aumentos más altos en sus primas y, a la vez, tienen menor capacidad para absorberlos. No es aceptable, desde la ética médica ni desde la salud pública, que los mayores ajustes recaigan sobre quienes más necesitan la protección del seguro. Establecer reglas y criterios claros para evitar incrementos desproporcionados en adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas es una medida mínima de justicia. No se trata de negar que su riesgo es mayor, sino de encontrar fórmulas que permitan mantenerlos dentro del sistema, en lugar de empujarlos inexorablemente a la cancelación de sus pólizas.
El objetivo de fondo debe ser que nadie tenga que elegir entre atenderse y conservar su patrimonio. La enfermedad ya es suficientemente dura por sí misma como para añadirle el miedo permanente a la ruina económica. Como médicos, vemos de cerca el rostro humano de estas decisiones: la angustia en la sala de espera, la conversación tensa sobre si se puede pagar o no una cirugía, el duelo de una familia que no sólo pierde a un ser querido, sino también su estabilidad financiera. Por eso, aunque nuestro trabajo diario está en el consultorio y en el hospital, también tenemos la responsabilidad de alzar la voz cuando las condiciones del entorno hacen casi imposible que las familias se protejan de manera adecuada.
México necesita un sistema en el que el seguro de gastos médicos mayores sea una herramienta real de protección, no un privilegio reservado para unos cuantos ni un producto que se vuelve inalcanzable justo cuando más se necesita. Lograrlo implica decisiones complejas, sí, pero también recuperar el sentido original del aseguramiento: ayudar a que la enfermedad no destruya años de esfuerzo y ahorro. Mientras avanzamos hacia ese objetivo, resulta fundamental que pacientes, médicos, instituciones y autoridades dialoguemos con franqueza y pongamos en el centro a las personas, no sólo las cifras, los contratos o las tablas actuariales. Sólo así podremos construir un entorno en el que enfermarse deje de ser, además, una amenaza directa para la estabilidad económica de las familias mexicanas.
Éctor Jaime Ramírez Barba
Profesor de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato y diputado al Congreso de la Unión de México