En México, el embarazo adolescente y la maternidad temprana tuvieron, por momentos, un lugar claro en el debate y la agenda públicos. Hoy tienen menor presencia en el debate público. El silencio no significa que el problema se haya ido; sugiere, más bien, que aprendimos a vivir con él. Su atención es estratégica para la movilidad social, la productividad y la cohesión.
La maternidad temprana no es solo un dato demográfico. A menudo es una puerta de entrada a desventajas acumuladas: escuela interrumpida, empleos precarios, mayor dependencia económica y más exposición a la violencia. Es también un fenómeno atravesado por relaciones de poder: en demasiados casos, el embarazo ocurre en contextos de desigualdad de edad, coerción o control, y se conecta con un continuo de violencia de género. En niñas, además, suele estar vinculada al abuso; ahí la maternidad temprana es, ante todo, un fallo de protección y una señal de que el Estado llegó tarde —o no llegó.
En paralelo, se ha vuelto común suponer que la política social puede reducirse a transferencias monetarias. El dinero ayuda, pero no sustituye lo que realmente cambia destinos: escuelas que retienen, servicios de salud que funcionan, protección frente a violencias y oportunidades reales en el territorio. Cuando el gasto se reparte sin priorizar a quienes enfrentan mayores desventajas, pierde fuerza redistributiva: llega menos (en términos relativos) a quienes más lo necesitan y, por lo tanto, logra menos en reducción de brechas.
Los números confirman avances y, a la vez, un país partido. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 estima que hay 45.2 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. Entre adolescentes hablantes de lengua indígena, la cifra ronda 134.9, el triple; y entre aquellas con algún grado de escolaridad primaria 117.4. Y por entidad, la distancia es contundente: Guerrero (82.1), Chiapas (78.6), Zacatecas (74.4) y Durango (71.5) contrastan con Ciudad de México (19.2). En mediciones comparables de la propia ENADID, el indicador de 15 a 19 cayó de 70.6 en 2018 a 45.2 en 2023. La pregunta clave no es solo si mejora el promedio, sino quién mejora, dónde no mejora y qué sostiene el rezago.
Hubo un momento en que las autoridades de México empezaron a responder de manera razonable. Con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2015) se intentó una respuesta intersectorial con metas claras a 2030: reducir sustantivamente la fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años y erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años. La respuesta intersectorial era la correcta: esto no se resuelve solo en consultorios. El problema es que una estrategia no sobrevive por inercia. Cuando un fenómeno deja de estar en el centro del debate, se vuelve “de nadie”, se fragmenta entre dependencias, la responsabilidad se diluye y se termina midiendo lo que es fácil.
Un estudio reciente realizado en el Instituto Nacional de Salud Pública pone a prueba las explicaciones simples. Los autores encuentran que: i) entre 2000 y 2020, la maternidad temprana disminuyó menos de lo que sugieren algunos indicadores puntuales; ii) el ingreso importa, pero no de manera lineal ni como factor dominante; iii) pesan más las transiciones concretas de vida —sobre todo la unión temprana y el abandono escolar—, y iv) el fenómeno se concentra territorialmente.
El estudio va más allá del rango clásico de 15 a 19 años y analiza la maternidad temprana entre los 12 y los 24 años, porque muchas transiciones que antes ocurrían en la adolescencia estricta se han desplazado hacia los primeros veintes. La escuela, la unión, la entrada al trabajo y la maternidad ya no siguen un calendario uniforme. Con datos censales armonizados de 2000, 2010, y 2020 y herramientas para identificar patrones, el análisis distingue lo individual, lo familiar y lo territorial, y propone un mecanismo para entender por qué el problema persiste.
El primer hallazgo frena la complacencia: la maternidad temprana cae poco en dos décadas, de 21.5 % en 2000 a 19.3 % en 2020.
El segundo hallazgo desmonta una idea común, que “si sube el ingreso, baja la maternidad temprana”. La relación no se mueve como una línea recta. El riesgo aumenta al pasar de ingresos muy bajos a ingresos modestos, llega relativamente pronto a un punto de estabilización (alrededor de los catorce mil pesos por familia) y, a partir de ahí, apenas desciende. Dicho de manera sencilla: mejorar “un poco” el ingreso no garantiza postergar la maternidad. Sin instituciones que sostengan alternativas, puede coincidir con transiciones aceleradas —unión temprana, abandono escolar, independencia precaria— que cierran opciones en lugar de abrirlas.
El tercer hallazgo lo deja todavía más claro: cuando se comparan muchos factores al mismo tiempo, el ingreso no es el más determinante. En el ranking predictivo, queda en octavo lugar. Por encima aparecen variables de estructura familiar y curso de vida, como el estado civil, la edad, la razón de dependencia en el hogar, el tipo de hogar y la actividad principal, además del territorio. No es que el ingreso no importe, sino que su efecto viaja por canales sociales —educación, unión, organización familiar— y pierde potencia cuando esos canales están dañados.
El cuarto hallazgo devuelve el problema al mapa: la maternidad temprana no se reparte al azar. Hay concentración territorial persistente. Los municipios con tasas altas tienden a estar cerca de otros municipios con tasas altas, y lo mismo ocurre con los de tasas bajas. El territorio no es solo contexto: es parte del mecanismo. Esto obliga a una conclusión práctica: no basta con programas uniformes, hacen falta capacidades coordinadas allí donde el riesgo se concentra y persiste.
Lo más relevante, sin embargo, está en el mecanismo. El estudio muestra que el ingreso opera principalmente de forma indirecta, mediado por la escolaridad y el estado civil, y revela circuitos de retroalimentación que perpetúan el rezago: la unión temprana aumenta la probabilidad de inasistencia escolar y, a su vez, la salida de la escuela eleva la probabilidad de unión temprana. En ese entramado, la maternidad temprana deja de ser un hecho aislado y se convierte en un desenlace previsible de trayectorias educativas y vitales interrumpidas.
Con esto sobre la mesa, el debate se reacomoda. Si el canal central es escuela–unión–maternidad, entonces la política social no puede reducirse a una transferencia mensual desconectada de instituciones que funcionen. La pregunta deja de ser ¿cuánto dinero se reparte? y se vuelve ¿qué capacidades se construyen y qué trayectorias se sostienen? Sin un primer nivel de atención confiable para adolescentes, la prevención y la atención en salud sexual y reproductiva se vuelven desiguales por diseño: quién puede compensar con recursos privados lo hace; quien no puede, paga con su proyecto de vida.
Poner de nuevo en el foco público la maternidad temprana exige pasar del discurso a una arquitectura concreta. Primero, es necesario recuperar el seguimiento como condición de justicia: además del indicador clásico (15–19 años), es indispensable medir trayectorias (10–24 años), visibilizar la concentración municipal y las brechas por pertenencia indígena, y monitorear transiciones críticas —el abandono escolar y la unión temprana— que anticipan el riesgo. Segundo, es fundamental reorientar la protección social para que las transferencias sean el puente hacia las capacidades. Esto significa priorizar territorios de alto riesgo con apoyos diseñados para sostener la permanencia y el reingreso escolar, y con arreglos de cuidados que permitan a las madres jóvenes seguir estudiando. Tercero, urge tratar la permanencia escolar como política de salud. Esto exige sistemas de retención, reingreso garantizado tras embarazo/maternidad, y escuelas capaces de detectar riesgo y activar redes locales. Cuarto, es necesario reconstruir la confiabilidad del primer nivel de atención para adolescentes. Se necesitan servicios accesibles y confidenciales, sin trato punitivo; anticoncepción disponible de manera continua; consejería, y coordinación efectiva con las escuelas y las instancias de protección social en los municipios prioritarios. La prevención no se sostiene con normativa; se sostiene con abasto, personal, tiempos razonables y calidad del trato.
Revisibilizar la maternidad temprana no es moralizar la vida privada. Es reconocer que una parte del futuro del país se juega en transiciones que el Estado sí puede y debe gobernar: las escuelas, los servicios de salud, los servicios de protección social, la seguridad y el territorio. Mirarla como un problema de género no es un giro retórico: es reconocer que la capacidad de elegir —cuándo, con quién y en qué condiciones— está distribuida de forma profundamente desigual, y que cuando la protección falla el costo se paga en trayectorias truncadas. Con desigualdad alta y recursos públicos escasos, atender este problema es una apuesta estratégica: reduce la reproducción intergeneracional de desventajas, fortalece capital humano y evita que la política social quede atrapada administrando consecuencias en lugar de expandir oportunidades. La lección de fondo es sencilla: México puede mejorar promedios, pero si no desarman los mecanismos que atrapan a quienes están peor, lo único que hará será desplazar el problema y concentrarlo. Y cuando un problema se concentra, deja de ser “un tema social” y se vuelve una frontera de ciudadanía: la diferencia entre tener opciones reales o vivir con opciones prestadas. Porque cuando el Estado se limita a transferir recursos sin sostener trayectorias, no reduce la desigualdad, la administra.
Este artículo expresa los puntos de vista personales de los autores y no refleja la posición de la institución donde trabajan.
Edson Serván-Mori
Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México
Alejandro Zamudio-Sosa
Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México
Carlos Chivardi
Investigador del Centro de Economía de la Salud, Universidad de York, York, Reino Unido